Por María José Durán, asesora jurídica, Fundación Buen Pastor, Paraguay
En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), correspondiente al 52º.º sesión del del Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil paraguaya volvió a hacerse presente del 10 al 13 de febrero de 2026, en Ginebra para llevar ante la comunidad internacional la voz de quienes rara vez son escuchadas: niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de trata de personas, violencia sexual y de las familias atravesadas por la desaparición de sus seres queridos.
La Fundación Buen Pastor de Paraguay, obra social de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, participó activamente en la pre-sesión dedicada a Paraguay, en articulación con una coalición de organizaciones especializadas . El Informe Alternativo presentado ante el Consejo de Derechos Humanos sistematiza datos, evidencia y testimonios que dan cuenta de la persistencia de graves vulneraciones de derechos humanos, así como de la necesidad de fortalecer la debida diligencia estatal en materia de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia.
La pre-sesión, desarrollada el día 10 de febrero constituyó un espacio clave dentro del proceso del EPU ya que es allí donde las organizaciones de la sociedad civil pueden dialogar directamente con delegaciones de distintos Estados, compartir hallazgos y proponer recomendaciones concretas que luego pueden ser formuladas oficialmente durante el examen del país.
En ese escenario, la tarea no fue solo técnica. Fue, ante todo, profundamente humana. Cada reunión representó la oportunidad de traducir estadísticas en historias, cifras en rostros, categorías jurídicas en experiencias de vida marcadas por el dolor, pero también por la resiliencia. Llevar la voz de las víctimas implica una responsabilidad ética: hablar con rigor, con respeto y con la convicción de que la incidencia internacional puede contribuir a transformar realidades locales.
Desde lo personal, participar en este proceso ha sido una experiencia de profunda responsabilidad y, al mismo tiempo, de esperanza. Estar en Ginebra, sentada frente a representantes de la comunidad internacional, sabiendo que detrás de cada palabra hay niñas, adolescentes y mujeres que han confiado en nosotras sus historias, transforma la manera de asumir el trabajo.
No se trata solo de exponer datos o formular recomendaciones; se trata de de honrar la confianza de quienes esperan justicia. En cada encuentro sentí con fuerza que nuestra presencia allí no era individual ni institucional solamente, sino colectiva: llevábamos la voz de muchas vidas marcadas por la violencia, pero también por una enorme dignidad
El informe presentado aborda, de manera prioritaria, la la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, la trata de personas y las desapariciones, subrayando la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes viven en contextos de pobreza, en zonas fronterizas o pertenecen a pueblos indígenas. Asimismo, pone el acento en los desafíos pendientes: la prevención insuficiente, la débil respuesta frente a nuevas formas de captación a través de tecnologías digitales, la impunidad estructural y las brechas en el acceso efectivo a la justicia.
En las conversaciones sostenidas durante la pre-sesión, se destacó la importancia de que los Estados formulen recomendaciones específicas y medibles, que refuercen la capacidad institucional y promuevan políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, género y protección reforzada de la niñez. También se subrayó la necesidad de que el seguimiento de las recomendaciones del ciclo anterior no quede en el plano formal, sino que se traduzca en cambios verificables en la vida de las personas.
Para la Congregación y su misión histórica, esta participación no es un hecho aislado. Forma parte de un compromiso sostenido con la dignidad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor exclusión y violencia. Desde Paraguay hasta Ginebra, la labor pastoral y social se proyecta también en el ámbito internacional, convencida de que la incidencia en los espacios multilaterales es una herramienta complementaria a la acción territorial.
El EPU no es solo un mecanismo diplomático; es una oportunidad para que la comunidad internacional escuche, dialogue y exhorte a los Estados a cumplir con sus obligaciones. Haber estado allí, llevando la voz de la sociedad civil y de las víctimas ante distintas delegaciones de la comunidad internacional, reafirma nuestra convicción de que la defensa de los derechos humanos exige presencia, coherencia y perseverancia.
La esperanza que anima este camino es clara: que cada recomendación formulada contribuya a prevenir nuevas violencias, a proteger a quienes están en riesgo y a garantizar verdad y justicia para quienes ya han sufrido.
Porque detrás de cada informe presentado hay vidas que esperan respuestas paraempoderar vidas, restaurar derechos, defender la dignidad de todas las personas..
